El líder de la principal fuerza opositora en España ha intensificado sus críticas hacia el Gobierno, centrando su señalamiento en la figura de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por el nombramiento y gestión del actual comisionado especial para la recuperación por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), Jorge Olcina. El dirigente conservador ha pedido que se asuman «responsabilidades políticas» al considerar que las explicaciones ofrecidas sobre el desempeño del comisionado son insuficientes y que su permanencia en el cargo daña la credibilidad de la estrategia de respuesta ante catástrofes climáticas.
El foco del reclamo está en la supuesta falta de diligencia y compromiso del comisionado en la ejecución de sus funciones. En concreto, se cuestiona la eficacia y el seguimiento de los planes de reconstrucción e inversión para las zonas afectadas por la DANA, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras regiones del sureste español. Las críticas se han agudizado tras la aparición de reportes que indican una escasa implementación de los fondos destinados a reparar daños y reforzar infraestructuras frente a fenómenos meteorológicos extremos.
El líder de la oposición ha descrito la situación como «seria» y ha instado a la ministra Morant a que se exprese públicamente sobre si ve apropiado que Olcina continúe en su puesto. Según su opinión, los problemas identificados en la administración del comisionado son una responsabilidad directa del Gobierno, que lo nombró y ha apoyado su trabajo a pesar de las advertencias emitidas por varias administraciones locales y autonómicas. En este contexto, ha señalado que el Ejecutivo podría estar mostrando una «desconexión preocupante» con las necesidades de las comunidades afectadas.
Desde el Gobierno, sin embargo, se ha defendido la idoneidad del comisionado, alegando que su designación responde a criterios técnicos y no partidistas. Señalan que Olcina es un reconocido geógrafo con experiencia en climatología y riesgos naturales, y que su trabajo ha consistido, principalmente, en coordinar planes a largo plazo en colaboración con gobiernos regionales. También se ha destacado que el proceso de recuperación por catástrofes de esta magnitud requiere tiempo y planificación integral, y que no se puede evaluar su impacto de manera precipitada.
A pesar de las objeciones, el partido opositor ha reafirmado su plan de llevar el tema al Congreso de los Diputados. Como informaron, promoverán acciones parlamentarias para que la ministra se presente oficialmente y explique la eficacia en la administración del comisionado. Creen que es crucial asegurar transparencia, analizar los logros específicos desde que se estableció este puesto y aclarar por qué no se han obtenido mejoras visibles en las áreas más afectadas por el desastre climático de 2023.
A esto se suman presiones desde gobiernos regionales afines al partido conservador, que han expresado su frustración por la “falta de interlocución efectiva” con el comisionado y por los escasos recursos ejecutados hasta la fecha. Aseguran que muchas de las promesas de reconstrucción y mitigación de riesgos han quedado solo en anuncios, sin traducirse en intervenciones reales sobre el terreno.
La disputa surge además en un entorno político caracterizado por un creciente desacuerdo en cuestiones relacionadas con el clima y la administración de recursos estatales. Mientras que el Gobierno respalda su enfoque como una reacción fundamentada en pruebas científicas y planificación técnica, la oposición afirma que existe una evidente mala gestión administrativa que debe tener repercusiones políticas.
Este suceso se añade a un conjunto de tensiones entre el Gobierno central y los partidos opositores, que han transformado el manejo de emergencias en uno de los puntos clave de la disputa política. A pesar de que el Ejecutivo no ha mostrado intención de reconsiderar la destitución del comisionado, se anticipa que el debate se intensificará en las próximas semanas, con la proximidad de nuevas sesiones parlamentarias y la reanudación de las negociaciones sobre los fondos para la resiliencia climática.