El Gobierno español ha realizado un nuevo ajuste en el organigrama de la Presidencia del Ejecutivo, al nombrar por segunda vez en menos de un año a un nuevo titular del cargo oficialmente denominado «director del Gabinete del director del Gabinete del presidente del Gobierno». La posición, de nombre enrevesado y difícil de ubicar dentro del esquema administrativo habitual, ha recaído ahora en Jorge Pérez Naharro, quien sucede a Ana Ruipérez Núñez, designada apenas en septiembre del año pasado.
Pérez Naharro es un empleado público con experiencia en el área institucional. Fue concejal del Partido Socialista en Alcorcón, además de desempeñarse como asesor parlamentario y, hasta ahora, tenía el puesto de asesor adjunto en el mismo Gabinete de la Presidencia. Su nueva responsabilidad implica apoyar directamente al director del Gabinete presidencial, Diego Rubio Rodríguez, quien fue nombrado en julio como encargado de la coordinación general de las políticas del Ejecutivo en su segundo período. La función en este puesto no es novedosa, aunque ha sido poco visible y ha causado debate debido a su supuesta redundancia de funciones.
La posición se presentó inicialmente en el gobierno central bajo la dirección del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, y se mantuvo vigente durante la administración de Mariano Rajoy. Con la asunción de Pedro Sánchez como presidente y la llegada de Iván Redondo como su principal asesor político, el puesto fue eliminado por un tiempo. No obstante, ha sido reinstaurado en esta fase más reciente, reactivado por el equipo actual de la Presidencia.
El cargo tiene como propósito coordinar al conjunto de asesores y responsables técnicos que dependen del Gabinete del Presidente, facilitando el trabajo operativo de planificación, seguimiento y control de las decisiones estratégicas del Gobierno. A pesar de esta justificación administrativa, su existencia ha suscitado múltiples críticas desde la oposición, que lo considera innecesario y parte de una estructura sobredimensionada.
En tiempos recientes, los partidos de la oposición han manifestado dudas sobre el aumento en la cantidad de asesores y altos directivos que forman parte de la estructura de confianza del Gobierno. Diferentes opiniones indican que estos roles responden más a una lógica de lealtad partidaria que a evaluaciones técnicas o de eficiencia. La designación de Pérez Naharro no ha resultado ser una excepción. Desde círculos críticos, se ha visto como una nueva manifestación de «clientelismo institucionalizado», bajo el disfraz de una reorganización operativa.
El Ministerio de la Presidencia ha optado por no abordar las críticas y ha sostenido que el nombramiento busca mantener y reforzar al equipo técnico de Moncloa. De acuerdo con fuentes oficiales, la reestructuración busca abordar desafíos complejos como la digitalización estatal, la gobernanza a múltiples niveles y la gestión de crisis internacionales, lo que demanda un gabinete sólido y especializado.
La sustitución frecuente en esta posición —dos cambios en menos de doce meses— ha intensificado la discusión sobre la estabilidad interna en el entorno más cercano al presidente del Gobierno. Algunos expertos consideran que estas modificaciones son indicios de ajustes internos, resultantes de tensiones o discrepancias en la dirección política del grupo de asesores. Otros, por el contrario, lo entienden como un movimiento administrativo sin gran impacto público.
Sin lugar a dudas, esta posición intermedia, conocida como el «director del Gabinete del director del Gabinete», se ha transformado en un emblema de la discusión sobre la optimización del sistema gubernamental. Para algunas personas, simboliza un nivel administrativo indispensable para garantizar eficiencia en el complicado mecanismo de decisiones del Gobierno. Para otras, es un indicio de una estructura institucional excesiva y poco clara, que evade la supervisión pública y dispersa la responsabilidad política.
Mientras tanto, la decisión de formalizar este nombramiento en pleno mes de agosto ha generado suspicacias. Agosto es tradicionalmente un mes de baja actividad mediática y parlamentaria, lo que ha llevado a pensar que el anuncio buscaba pasar desapercibido. No obstante, el movimiento ha reavivado la discusión sobre los límites del poder administrativo del Ejecutivo y el uso de los recursos públicos para consolidar estructuras de poder más densas, pero no necesariamente más eficaces.