La intensificada presión económica impulsó a los gobernadores de todas las provincias de Argentina a llevar a cabo una acción coordinada sin precedentes durante el presente gobierno presidencial. En una reunión crucial, los 24 líderes provinciales se unieron para solicitar una revisión en la distribución de los recursos nacionales y plantear medidas específicas que mitiguen la crisis económica que afectan a sus regiones. Esta inusual convergencia de intereses políticos, tanto del gobierno como de la oposición, subraya la seriedad de la situación y establece un precedente en las relaciones entre el Gobierno Nacional y las provincias.
El punto de partida de este consenso fue la preocupación compartida por la caída sostenida de los ingresos provinciales desde fines de 2023, producto de una combinación de factores como el ajuste fiscal nacional, la paralización de obras públicas y la drástica reducción de transferencias no automáticas. Según estimaciones provinciales, entre noviembre de ese año y mayo de 2025, dejaron de ingresar cerca de 30 billones de pesos. La cifra incluye pérdidas por coparticipación, fondos discrecionales y recursos no ejecutados que solían destinarse a programas locales.
Ante esta situación, los gobernadores impulsaron una iniciativa legislativa para suprimir dos fondos fiduciarios financiados por el impuesto a los combustibles, originalmente destinados a proyectos de infraestructura. El objetivo es reasignar esos fondos hacia la masa coparticipable, permitiendo a las provincias decidir libremente su uso, sin las limitaciones establecidas por el gobierno central. Al mismo tiempo, se sugiere distribuir equitativamente el excedente de los Aportes del Tesoro Nacional, que actualmente gestiona el Ejecutivo, siguiendo criterios similares a los de la coparticipación primaria y secundaria.
Uno de los ejes argumentativos de los mandatarios es que no están solicitando más fondos, sino simplemente recuperar aquellos que ya les corresponden. Plantean que estos recursos permitirían estabilizar las finanzas provinciales sin poner en riesgo el superávit fiscal que el gobierno nacional se ha propuesto mantener como prioridad. Además, remarcan que si el propio discurso oficial ha señalado que los fondos fiduciarios son instrumentos ineficientes o sujetos a manejos políticos, entonces no hay razones para oponerse a su eliminación.
La movida despertó reacciones en la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo se anticipó que se presentará una contrapropuesta, siempre bajo la condición de no alterar el equilibrio fiscal. No obstante, se remarcó que los fondos fiduciarios tienen un objetivo específico —el mantenimiento de rutas nacionales— y que su eliminación debería garantizar que esos recursos no se desvíen de su finalidad original.
El conflicto entre Nación y provincias no es algo reciente. Hace algunas semanas, la deducción de una porción de la coparticipación a Chubut provocó una serie de quejas a nivel regional e inició procesos judiciales. Esta provincia del sur obtuvo el apoyo de otras regiones, formando un bloque unido que se traduce ahora en esta nueva propuesta legal. La disputa alcanzó un nivel tal que involucró acusaciones penales de un lado al otro, mostrando la intensificación del enfrentamiento entre el federalismo de las provincias y el centralismo en temas fiscales.
El Consejo Federal de Inversiones actuó como mediador en las reuniones y en la creación del proyecto. Durante las sesiones de trabajo, los gobernadores se comprometieron a proceder de manera estructurada y unificada. El consenso logrado representa no solo una reacción ante una situación económica agobiante, sino también un mensaje político evidente: el federalismo requiere una reevaluación del lazo financiero con el Estado nacional.
Más allá de la coyuntura, la iniciativa plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder entre provincias y Nación. La capacidad de los gobernadores para articular demandas comunes y avanzar en proyectos legislativos conjuntos podría marcar el inicio de una etapa de mayor protagonismo provincial en la agenda política nacional. La administración central, por su parte, deberá decidir si cede ante esta presión colectiva o si refuerza su estrategia de control presupuestario.
En un contexto de creciente fragilidad institucional y desgaste político, este movimiento federalista abre una nueva etapa de negociaciones, tensiones y redefiniciones. La resolución de este conflicto será clave para delinear los próximos capítulos del vínculo entre el poder central y los gobiernos subnacionales, y para comprender hasta qué punto el equilibrio fiscal puede mantenerse sin desatender las urgencias sociales y económicas del interior del país.