En febrero, el presidente fue reelegido para un segundo periodo, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Su partido mantiene una mayoría legislativa amplia, sobre la cual construyó reformas que permitieron su postulación y facilitan la aprobación de normativa con pocos contrapesos.
Ampliación del sistema de excepción
A partir de marzo de 2022, se instauró un estado de emergencia que suprime derechos esenciales, abarcando el proceso debido y limitaciones a las libertades civiles. Inicialmente diseñado como una medida temporal ante el incremento de asesinatos relacionados con pandillas, el estado ha sido extendido más de 30 veces con el respaldo del poder legislativo.
Este método ha facilitado la realización de más de 85,000 arrestos arbitrarios, con grupos mixtos de seguridad operando a gran escala. El número incluye a menores arrestados por supuesta conexión con el crimen organizado, una situación que recibe críticas por exponerlos a procedimientos inadecuados y sanciones.
Documentación de violaciones y críticas a nivel global
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han clasificado estas acciones como violaciones sistemáticas: arrestos sin justificación, abuso, torturas, despidos forzosos y significativas deficiencias en el proceso judicial hrw.org. Informes subrayan que menores de edad están siendo llevados a prisiones estándar para adultos, contraviniendo normas internacionales que prohíben dicha práctica. Al menos 368 individuos han fallecido en estos lugares durante este lapso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, aunque el marco constitucional permite la suspensión de garantías en situaciones de emergencia, esta suspensión debe ser temporal y proporcional. En este escenario, se ha transformado en una acción abusiva e indefinida, generando graves repercusiones políticas y sociales.
Sistema penitenciario extenso y hacinamiento
Para respaldar al régimen, se edificó el controversial CECOT, un centro penitenciario con espacio para más de 40,000 internos, aunque funciona bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un sistema penitenciario riguroso. Esta gran prisión ha sido calificada como un “abismo” de derechos humanos donde se restringen la recreación y las visitas, y se aplican sanciones severas sin control efectivo.
Los establecimientos penitenciarios en el país han llegado a un punto de saturación: la cantidad de personas encarceladas excede las 94,000, aunque la infraestructura disponible solo puede alojar entre 30,000 y 70,000 con las mejoras recientes amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. Dentro de este sistema extremadamente congestionado, las detenciones en gran escala son comunes, las sentencias rápidas prevalecen, y las condiciones adversas amenazan la seguridad física de los reclusos.
Respaldo ciudadano y desafío democrático
A pesar del costo en libertades, el régimen mantiene altos índices de aprobación. El gobierno defiende la medida afirmando que prioriza la seguridad ciudadana, y gran parte de la población lo respalda tras la reducción drástica de homicidios .
Sin embargo, organismos internacionales y agentes jurídicos han advertido de que este modelo autoritario, validado por el poder legislativo consolidado por el Ejecutivo, representa una erosión de los frenos institucionales y el respeto al Estado de derecho .
Inquietud por niños y repatriados
Se ha suscitado una intensa polémica por el traslado de jóvenes a prisiones de adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo instalaciones que fueron creadas para situaciones específicas.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Evaluación final: ¿protección sacrificando los derechos?
Los logros en el área de la seguridad son evidentes: El Salvador ha tenido varios años con niveles históricamente bajos de homicidios y en 2024 concluyó con una tasa de 1.9 por cada 100,000 personas.
No obstante, la táctica ha desviado derechos esenciales y ha debilitado de forma drástica instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El dilema es profundo: ¿vale la pena sacrificar garantas constitucionales, libertades civiles y derechos humanos por una seguridad autoprestigiosa? El futuro plantea desafíos: la institucionalización de este modelo y su permanencia tras el régimen de excepción.