En el contexto de la discusión sobre el presupuesto federal y el aumento de la atención en el asunto migratorio, el Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a una versión revisada del proyecto que incluye un gravamen sobre las remesas, estableciendo una tarifa del 1 % y restringiendo su aplicación exclusivamente a las transferencias en efectivo enviadas al exterior.
La iniciativa es parte de la legislación denominada “The One Big Beautiful Bill”, promovida por grupos conservadores dentro de un proyecto para financiar organismos de seguridad, especialmente los vinculados con el control de la migración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de versiones anteriores que contemplaban un impuesto del 5 % en todas las remesas, la versión aprobada en el Senado exime del cargo a las transferencias electrónicas realizadas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas por entidades estadounidenses.
Desde la idea original hasta una versión más restringida
El impuesto a las remesas fue inicialmente presentado como una medida amplia que afectaría todos los envíos de dinero realizados por personas que no son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los intensos cuestionamientos de organizaciones migrantes, sectores empresariales y algunos gobiernos latinoamericanos llevaron a una revisión del planteamiento original.
La versión definitiva que ha sido autorizada conserva el enfoque de recaudar, pero con un ámbito más restringido. Solamente se impondrá un 1 % sobre el importe completo de las transferencias realizadas en efectivo —ya sea mediante compañías de envío o pagos en ventanilla— y entraría en vigor a partir del 31 de diciembre de este año. Los demás envíos, efectuados a través de sistemas bancarizados, estarán exentos.
Respuestas en América Latina
En países como México, principal receptor de remesas provenientes de Estados Unidos, la noticia fue recibida con alivio relativo. Autoridades anunciaron que se implementará un sistema de reembolso para sus ciudadanos en el exterior que se vean afectados por el impuesto, canalizado a través de tarjetas especiales que permiten rastrear y compensar los pagos realizados.
Legisladores de países centroamericanos también se pronunciaron sobre el tema, advirtiendo que medidas de este tipo afectan de manera desproporcionada a las familias más vulnerables, que en muchos casos dependen casi exclusivamente de las remesas para cubrir necesidades básicas. Además, argumentaron que estas transferencias ya provienen de ingresos sujetos a impuestos en Estados Unidos, por lo que gravarlas nuevamente podría interpretarse como una doble imposición.
Un elemento político fundamental
El impuesto fue incluido como parte de una estrategia más amplia enfocada en la seguridad nacional. La recaudación estimada será destinada al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y el financiamiento de operaciones de migración y deportación. Esta visión ha sido defendida por los sectores promotores del proyecto, quienes argumentan que es una manera justa de asignar recursos sin aumentar la carga fiscal a los ciudadanos estadounidenses.
No obstante, entidades que protegen los derechos de los migrantes han indicado que este tipo de acciones intenta desalentar el uso formal de remesas, impulsando a los individuos a optar por vías informales, las cuales resultan ser más caras y peligrosas. Además, han criticado el efecto económico en las naciones de origen, donde las remesas constituyen una de las más importantes fuentes de ingreso.
Impactos inmediatos y pasos siguientes
En el ámbito económico, la imposición de este tributo se acompaña de un ligero descenso en la cantidad de remesas que se envían desde Estados Unidos a América Latina. Según información actual, los envíos han disminuido aproximadamente un 4.5 % en relación con el mismo lapso del año pasado, una tendencia que se atribuye tanto al endurecimiento de las políticas migratorias como al miedo que generan este tipo de medidas legislativas.
El plan de presupuesto debe ser conciliado con la versión de la Cámara de Representantes. Si ambos cuerpos legislativos logran un acuerdo, será enviado al Ejecutivo para su aprobación final. Simultáneamente, varias naciones de América Latina ya están desarrollando tácticas diplomáticas y económicas para suavizar los impactos del reciente impuesto, mientras agrupaciones de migrantes en Estados Unidos consideran posibles medidas legales para desafiar la constitucionalidad de la disposición.
Con esta resolución, el Senado abre un nuevo capítulo en la extensa y complicada relación entre las políticas migratorias, la economía internacional y los derechos de las comunidades de migrantes. Aunque más moderado que en sus primeras versiones, el impuesto sobre remesas en efectivo simboliza un mensaje político evidente y podría señalar el comienzo de una nueva etapa de regulación sobre el dinero que millones de individuos envían mensualmente a sus familias al otro lado de la frontera.