La Diputación de Valencia ha iniciado un expediente administrativo con el objetivo de verificar la validez de la titulación académica de una funcionaria recientemente nombrada para ocupar un puesto directivo dentro de la institución. La situación ha generado una considerable atención pública debido a que la funcionaria en cuestión es la esposa del actual comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, lo que ha intensificado el escrutinio político y mediático en torno al caso.
La designación de la funcionaria, quien tomó a su cargo una posición técnica y estratégica en la diputación, fue respaldada en un principio con la presunción de que cumplía con todos los requisitos demandados por la normativa actual para dichos puestos. No obstante, al descubrirse algunas discrepancias en la documentación presentada, se inició formalmente un expediente para verificar si sus credenciales educativas coinciden verdaderamente con las demandas del puesto.
Fuentes internas afirman que la evaluación no supone una imputación directa ni anticipa ilegalidad alguna en el proceso de elección, sino que es parte de los procedimientos regulares de supervisión que deben iniciarse ante cualquier inquietud sobre los requerimientos formales en procesos de nombramiento de altos funcionarios. Sin embargo, el lazo familiar con una personalidad de importancia nacional ha sumado un aspecto político al tema, el cual ya empieza a ser utilizado por la oposición para poner en duda los criterios de selección del presente equipo de gobierno provincial.
La posición directiva que alcanzó la funcionaria requiere, de acuerdo con las normativas internas de la administración provincial, una educación académica específica y certificada, comúnmente en áreas como ingeniería, arquitectura, derecho o administración pública, además de experiencia demostrable en gestión técnica o institucional. El expediente tiene como propósito verificar si el título presentado realmente pertenece a una carrera reconocida en el sistema universitario nacional y si cumple con las condiciones necesarias.
En paralelo, distintos grupos políticos han solicitado que se publique un informe detallado del proceso de contratación, así como las actas de la comisión evaluadora que respaldó el nombramiento. Algunos portavoces han señalado que este caso debe ser examinado con total transparencia para evitar la percepción de favoritismo o tráfico de influencias en la designación de personal de alto nivel dentro de las estructuras públicas.
Desde la administración de la Diputación se ha señalado que la apertura del expediente no debe interpretarse como una sanción, sino como un procedimiento de verificación objetiva y rutinaria. Se ha recalcado que cualquier persona que acceda a un puesto de responsabilidad debe cumplir estrictamente con los requisitos estipulados y que se actuará con total imparcialidad en la resolución del caso.
Por su parte, el comisionado del Gobierno, esposo de la funcionaria, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el tema. Aunque no ha sido mencionado directamente en el expediente ni forma parte del organigrama de la Diputación, su parentesco ha contribuido a generar un mayor interés sobre el caso y ha reactivado el debate sobre la necesidad de blindar las instituciones ante posibles conflictos de interés.
Organizaciones ciudadanas y sindicatos han coincidido en la necesidad de reforzar los sistemas de control y transparencia en los procesos de selección de personal en las administraciones públicas. Algunos sectores han pedido incluso una revisión integral de todos los nombramientos recientes para garantizar que se han respetado criterios meritocráticos, alejados de posibles vínculos políticos o personales.
El documento sigue avanzando y se anticipa que en las siguientes semanas se emita un fallo preliminar. Por otro lado, el asunto se ha vuelto un nuevo foco de tensión en la política valenciana, en un entorno donde los partidos ya se preparan para un potencial adelanto de elecciones. En esta coyuntura, cada disputa institucional cobra una importancia estratégica que supera los elementos administrativos.