La investigación judicial sobre la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense incorpora ahora nuevos documentos destinados a aclarar cómo surgió, evolucionó y hacia dónde se dirigió un proyecto tecnológico que permanece bajo sospecha. La entrega de correos electrónicos por parte de Telefónica coloca de nuevo la atención en las reuniones y trámites vinculados con la plataforma digital creada dentro de ese entorno académico.
El proceso judicial que analiza la creación y gestión de una plataforma tecnológica asociada a una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid continúa avanzando con la incorporación de nueva documentación. En esta fase de la instrucción, la empresa Telefónica ha entregado al juzgado un conjunto adicional de correos electrónicos que, según consta en la causa, reflejan la existencia de encuentros y comunicaciones vinculadas al desarrollo del software objeto de investigación. La documentación ha sido remitida al magistrado instructor, quien ya ha ordenado su traslado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para su análisis.
La investigación se centra en determinar si el citado proyecto digital, concebido inicialmente como una herramienta de titularidad universitaria, pudo haber sido utilizado o gestionado de forma irregular. En particular, se examina si existió una apropiación indebida de un activo desarrollado con la colaboración de entidades privadas y bajo el paraguas de una cátedra académica, así como el posible uso de recursos públicos en beneficio de intereses ajenos a la institución universitaria.
La orden judicial y la contestación ofrecida por Telefónica
El desarrollo más reciente del caso surge a raíz de una petición formal del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que requirió a Telefónica datos pormenorizados sobre las reuniones celebradas en torno a la plataforma digital creada para la cátedra extraordinaria. En particular, el juez pidió agendas, actas y cualquier material que permitiera reconstruir el registro de encuentros, las decisiones técnicas y las líneas de trabajo fijadas a lo largo de dicha colaboración.
En su respuesta, la compañía de telecomunicaciones explicó que no dispone de actas o agendas formales de dichas reuniones, al tratarse de una colaboración de carácter técnico y no institucionalizada bajo protocolos administrativos estrictos. No obstante, precisó que sí se conservan correos electrónicos intercambiados entre los miembros del equipo implicado, en los que se mencionan convocatorias, temas tratados o asuntos que se pretendían abordar en los encuentros relacionados con el software.
Estos correos, ahora integrados en el procedimiento, fueron valorados como pertinentes por el instructor, quien optó por enviarlos en formato digital a la UCO para que se incluyan en el análisis pericial en curso, con la finalidad de esclarecer el nivel de participación de las diferentes partes, la naturaleza de las decisiones tomadas y el contexto en el que se desarrolló el proyecto tecnológico.
El origen y destino de la plataforma digital investigada
Uno de los componentes esenciales de la investigación gira en torno al itinerario que siguió la plataforma digital tras su desarrollo. De acuerdo con lo recogido en las diligencias, el software se ideó como un producto cuya titularidad pertenecía por completo a la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, con el transcurso del tiempo, la herramienta acabó ubicada en una página web registrada a nombre de Begoña Gómez, lo que generó incertidumbre respecto a la adscripción adecuada del proyecto.
Este aparente cambio de titularidad constituye uno de los puntos que el juzgado intenta aclarar, y la situación trasciende un simple asunto técnico o burocrático, abarcando también la posible utilización inapropiada de un activo creado con la intervención de una gran empresa y otras entidades dentro del marco de una cátedra universitaria que actualmente ya no opera.
La plataforma en cuestión fue desarrollada de manera altruista por Telefónica junto a otras compañías, según ha señalado la propia empresa. Este carácter no lucrativo inicial es un factor clave en la investigación, ya que plantea interrogantes sobre cómo y por qué un proyecto concebido para fines académicos y sociales terminó desvinculado de la universidad que lo promovía.
La función que desempeñan las comunicaciones electrónicas dentro del caso
Los correos electrónicos entregados recientemente adquieren especial relevancia porque permiten reconstruir, al menos parcialmente, la dinámica de trabajo entre los distintos actores implicados. Aunque no sustituyen a actas formales, estas comunicaciones pueden ofrecer indicios sobre la frecuencia de las reuniones, los temas abordados y las personas que participaron en la toma de decisiones.
Según la información integrada en el procedimiento, varios de los mensajes aluden a aspectos específicos que se buscaba abordar en las reuniones dedicadas al desarrollo del software, mientras que otros recogen intercambios operativos vinculados con funciones técnicas de la plataforma. En conjunto, este grupo de correos se convierte así en una vía indirecta para comprender cómo se organizó la labor y hasta qué punto se ejercía control sobre el proyecto.
El magistrado instructor considera que este material puede resultar determinante para esclarecer si las actuaciones se ajustaron a los fines declarados de la cátedra o si, por el contrario, se desviaron hacia un uso distinto al previsto. De ahí que haya solicitado a la Guardia Civil un informe detallado que valore el contenido de las comunicaciones y su posible relevancia penal.
La intervención de la Guardia Civil y el análisis en curso
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha recibido ya la documentación remitida por el juzgado y se encuentra analizando el contenido de los correos electrónicos. Su labor consiste en examinar los mensajes desde una perspectiva técnica y jurídica, identificando posibles irregularidades, relaciones de dependencia y responsabilidades individuales.
Este análisis no se limita a verificar la existencia de reuniones, sino que también busca contextualizar las comunicaciones dentro del marco más amplio de la causa. La UCO deberá determinar si los correos evidencian un control efectivo del proyecto por parte de personas ajenas a la universidad o si confirman la hipótesis de un uso indebido de recursos vinculados a la cátedra extraordinaria.
El informe que elabore la Guardia Civil será clave para orientar los siguientes pasos del procedimiento. En función de sus conclusiones, el juez podría acordar nuevas diligencias, solicitar más documentación o incluso ampliar el alcance de la investigación a otras personas o entidades relacionadas con el proyecto.
Los correos adicionales y la línea sobre posible malversación
Además de los mensajes ya enviados, también se ha difundido que Telefónica encontró en sus servidores otros correos electrónicos en los que aparece como remitente o destinataria una asesora de la esposa del presidente del Gobierno, integrada en Presidencia. Según se ha indicado en el contexto de la investigación, estos mensajes podrían tener relevancia para una de las vertientes más delicadas del caso.
En concreto, el procedimiento también analiza si determinadas gestiones relacionadas con la extinta cátedra extraordinaria pudieron implicar un uso indebido de recursos públicos. La investigación trata de dilucidar si existió un posible delito de malversación de caudales públicos, en relación con las funciones desempeñadas por personal vinculado a la administración en actividades asociadas al proyecto académico.
En este contexto, los correos adicionales podrían ofrecer detalles sobre cómo se llevaron a cabo las gestiones, el nivel de participación de cada actor y la existencia —o ausencia— de una clara división entre las funciones públicas y las tareas asociadas a la cátedra, y aunque estos mensajes no profundizan exclusivamente en el desarrollo técnico del software, su contenido puede contribuir a esclarecer posibles responsabilidades tanto administrativas como penales.
Una investigación aún abierta y en evolución
El caso continúa en fase de instrucción, lo que implica que no se han establecido conclusiones definitivas ni responsabilidades formales. La incorporación de nueva documentación refleja que el proceso sigue abierto y que el juzgado está agotando las vías necesarias para esclarecer los hechos con rigor.
Desde la óptica judicial, el examen minucioso de las comunicaciones electrónicas se ha vuelto una práctica frecuente para reconstruir decisiones y dinámicas internas en proyectos de gran complejidad. En este caso, los correos de Telefónica constituyen otra pieza dentro del rompecabezas destinado a esclarecer si la creación y la administración de la plataforma se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente.
A la espera de los informes de la Guardia Civil y de que puedan surgir nuevas diligencias, la investigación continúa avanzando con prudencia, centrada en esclarecer cómo se desarrolló el proyecto tecnológico, qué papel asumió cada parte implicada y si se hizo un uso adecuado de los recursos asociados a una cátedra universitaria que ya ha dejado de existir.
La entrega de nuevos correos electrónicos amplía el marco probatorio de una causa que examina no solo un proyecto informático, sino también las fronteras entre colaboración público-privada, actividad académica y responsabilidad en el uso de recursos. El desenlace dependerá de la valoración judicial de la documentación y de los resultados del análisis técnico en curso, en un proceso que continúa marcando la agenda informativa y judicial.